Problema amplio, posiciones limitadas

“Lo peor es dejarse llevar por la mierda que
los mal cogidos de antaño siguen predicando”,
Ricardo Iorio, 1999 (1996)

Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio de periodismo editorialístico. Esto implica que habremos de desplegar varias de las muchas miserias que son propias de ese oficio. En primer lugar, el apego a aquella construcción un poco difusa, caótica e indefinida que se ha dado en llamar la actualidad, porque queremos reflexionar, con pretensión y arrogancia de cronista, a partir de ciertos acontecimientos recientes. Serán la excusa para deslizar una serie de juicios acerca, no tanto de los sucesos a los que nos referimos, sino de un cuadro más general sobre el que queremos al menos sugerir interpretaciones y valoraciones.

Pero no sólo habrá pretensiones y arrogancias en demasía. Como buen ejercicio periodístico, advertimos, también habrá una infaltable pretensión de objetividad, no fundada en un método o en alguna forma de constatación, sino simplemente escudada en el carácter periodístico (ya que nos faltan instituciones y empresas que nos respalden) del discurso. Esa pretensión de objetividad, además, intentará pasar por crítica ácida —pero, eso sí, rigurosa e implacable al mejor estilo Majul— cuando se deslicen meros juicios de valor, y a través de ellos, la subjetividad a pleno. Sin embargo, aquí dejaremos de lado el disfraz periodístico, con su estúpida parodia de objetividad y crítica, para ceñir con fuerza el cabo de nuestra espada: esos juicios son apuntes para la construcción de sentidos, y como tales, propuestas políticas para los hombres, varones y mujeres, en guerra.

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Los recientes casos de dos mujeres que solicitaron a la justicia la interrupción del embarazo, producto de violaciones, de sus hijas deficientes mentales dispararon una vez más la polémica sobre el aborto. La posibilidad de legalizarlo y la “defensa de la vida”, en momentos en que por otra parte, se discute la implementación de la educación sexual en los programas oficiales de educación o el acceso a métodos anticonceptivos seguros, son puntos centrales de un debate arduo.

En estas discusiones, las aguas parecen dividirse en un antagonismo irreconciliable: por una parte, quienes se oponen a toda forma de aborto en pos de una pretendida “defensa de la vida”, de los niños por nacer, que tienen sus principales referentes en el discurso oficial de la Iglesia —cuya cúpula emitió hace pocos días, como parte de los temas tratados en reunión anual del Episcopado argentino, un duro documento en el que llamó a “no sembrar la cultura de la muerte en nuestra sociedad”—, y en las acciones de ciertos grupos católicos que se autodefinen como pro-vida. Por otra parte, quienes propugnan la despenalización del aborto, no sólo cuando significa un riesgo para la vida de la madre o cuando el embarazo es fruto de una violación a una mujer idiota o demente —como establece el Código Penal en su artículo 86, inciso 2—, sino también su institución como derecho garantizado por el Estado.

Lo cierto es que, más allá de las fuertes razones que una u otra parte pueden esgrimir, incluso con fuerte soporte de los discursos científico-profesionales, la mayoría de sus expresiones quedan reducidas a la consideración de un extremo de la cuestión: el efecto, el resultado, el aspecto más visible y sin dudas más incómodo del problema. La simple manifestación externa. Esto resulta claro cuando el mismo discurso catolicista —cuyos portavoces promovieron acciones judiciales, e incluso presionaron a médicos y funcionarios para impedir que se realizaran los abortos dispuestos por la justicia para las jóvenes discapacitadas— se opone al avance en materia de educación sexual, en sintonía con las posiciones del PRO y del partido que responde a Bussi, ex gobernador electo y de facto de Tucumán. Durante los debates del 16 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la Ley de Educación Sexual Integral para alumnos primarios y secundarios a nivel nacional, esos sectores sostuvieron, en contra del proyecto, que a “la escuela le corresponde un rol complementario de la familia y no sustitutivo”. Posturas similares fueron demostradas también en la Legislatura porteña, durante los últimos dos años, a la hora de tratarse la educación sexual curricular, transversal y obligatoria. Veremos desplegarse posturas similares muy pronto, cuando la Comisión de Acción Social y Salud Pública haya tratado el proyecto de ley que establece el suministro gratuito de píldoras anticonceptivas de emergencia, o “píldora del día después”, y lo eleve a tratamiento por Diputados.

Desde aquel discurso catolicista la cuestión se define en una dicotomía estrecha: o santos o pecadores. Y se supera con la culpa, la condena, el castigo, el perdón vendido, el higienismo sexual reprimido, envidioso, represor, de los malcojidos de antaño. Pero además, con la doble moral de los que dicen “eso no se hace” e imponen la prohibición, para que luego se rompa con cuantiosos beneficios. ¿Qué sería de los mercaderes del aborto clandestino sin las ganancias extraordinarias que la prohibición les asegura? Eso sí, no conviene esperar soluciones efectivas por este lado, porque preparar a las personas para una práctica responsable, respetable, plena y satisfactoria de su sexualidad es avanzar en el pecado: ¡que el embarazo no deseado sea el castigo para las mujeres violadas, por putas, y para los bastardos no queridos, por hijos de putas! Y que aquellos violadores sean los ejecutores del divino designio de justicia. Amén…

Como contraparte, aparece un discurso centrado en la libertad de la mujer como bandera. Libertad para disponer de su cuerpo. Y en la necesidad de que se instituya y garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como paliativo para las consecuencias indeseadas de la práctica clandestina. Estas posiciones a favor del derecho al aborto, si bien ponen sobre el tapete la necesidad de una discusión y definición orgánica acerca de la cuestión, terminan siendo muchas veces, por pretenciosas, muy limitadas. El problema deja de residir en la amenaza para la salud corporal y espiritual de la comunidad, que se deriva de la práctica clandestina, sin garantías personales y en pésimas condiciones, especialmente para los sectores sociales más pauperizados. Por el contrario, el problema parece quedar encasillado en una especie de ius-naturalismo asquerosamente cercano a las peores doctrinas individualistas del liberalismo: se trata de garantizar el derecho de cada una de las mujeres embarazadas a decidir sobre su cuerpo. Es allí donde, muchas veces, este discurso se torna insoportablemente egoísta y parece postular que la definición íntegra de lo que es vida humana, de lo que es un sujeto de derecho y en qué consisten los derechos puede correr por cuenta de las partes individuales. Pierde de vista que aun el individuo y su cuerpo como propiedad son una creación política, contingente, histórica, de un sujeto que no debe ser sino distinto y superior a toda particularidad o singularidad.

Lo curioso es que ambas posiciones, en apariencia tan irremediablemente contrapuestas, coinciden en soslayar el papel del Estado como órgano encargado de impulsar, mediante educación e información, un ejercicio responsable de las prácticas sociales, incluida la sexualidad, que evite el embarazo no deseado. Es decir, que apunte a la causa profunda del aborto como práctica de riesgo y como problema social. No se quiere ver tampoco que las garantías para el derecho al aborto correrían a cuenta de un Estado que actualmente no tiene siquiera una visión orgánica clara ni una voluntad de planificación —como lo expresan la ambigüedad y falta de actualidad del Código; o las discrepancias entre la mayoría de los ministros de salud provinciales y el de la nación, por una parte, y algunos gobernadores y legisladores, por otra—. Se trata, sobre todo, de un Estado impotente frente a las peores consecuencias sanitarias, psicológicas y sociales, de la práctica clandestina del aborto, de su mercantilización y de las presiones de grupos minoritarios. Impotente por falta, no sólo de aquella visión orgánica, sino también de recursos materiales, y aun de fuerzas. Se ha visto en estos casos recientes cómo pequeños grupos de conspiradores son capaces de presionar con amenazas, aterrando con infiernos, conjurando a demonios, manipulando personas, recursos y estructuras, “en nombre de la garcha y del Santo hijo de Dios mismo”, e imponer así sus intereses. Se trata, en definitiva, de un Estado incapaz de contener a las personas sometidas a situaciones físicas, afectivas y psicológicas límites; situaciones de persecución, ilegalidad, reprobación y estigmatización social.

En el medio de estas posiciones parciales y acotadas, atravesados y atrapados en sus rigideces, quedan las chicas retrasadas de La Plata y Mendoza violadas —para una de las cuales la resolución judicial y la voluntad política llegaron demasiado tarde y no alcanzaron para garantizar sus derechos ante las restricciones médicas y las manipulaciones de ciertos grupos—; con ellas, sus familias, los profesionales médicos, los jueces, las estructuras hospitalarias y jurídico-políticas, el Estado. En definitiva, el conjunto de la sociedad, que es quien debería definir orgánicamente si el aborto constituye una práctica inaceptable o un derecho; pero por sobre todo, que debe, a partir de esas definiciones, tomar acciones concretas para combatir las causas fundamentales del problema, y evitar sus efectos más traumáticos y nocivos.